La lógica de los controles migratorios es la misma que la de la seguridad social: todos los países lo hacen. Una razón estúpida para una política no solamente estúpida, sino que vulnerante de los derechos humanos. Ninguna persona tiene por qué pedir permiso para moverse entre un lugar y otro y menos aún tiene que renunciar a las rentas que produzca (en cualquier lugar donde decida vivir) para financiar a personas que ni siquiera conoce. El Mostrador registró con fotografías una marcha para exigir la «amnistía migratoria» de las personas que han ingresado sin visa en Chile durante los últimos años. Estas personas, ciertamente, tienen razón en demandar que el Estado no les exija identificarse, presentar documentación ni hacer solicitud alguna para transitar o residir en el país. ¿Qué persona adulta le puede hacer este tipo de exigencias a otra si no han contraído un acuerdo respecto al asunto?

Cualquiera se da cuenta de que un comportamiento no es vulnerante si no obstruye la acción de un tercero ni amenaza su integridad ni daña su propiedad. En efecto, trasladarse desde un lugar a otro, incluso si esto se hace con el fin de cambiar de domicilio, no constituye un atropello contra ninguna persona, en principio. De la misma manera, recibir un salario y conservar el dinero de este no implica vulnerar las acciones de nadie más ni tampoco amenazar su integridad ni dañar su propiedad. Esto lo vemos al aplicar el sintagma jurídico en las situaciones de nuestra vida diaria.

Los gobiernos del mundo, no obstante, han aplicado numerosas regulaciones que señalan cómo deben llevarse a cabo estas actividades: trasladarse entre dos puntos y recibir un salario. Se ufanan de no prohibirlas, pero ¿qué tan sensato suena que nos den permiso para llevarlas a cabo? ¿Siente alguien en el mundo que necesita permiso de otra persona para decidir dónde vivirá o si acaso cobrará su sueldo? Estos gobiernos tratan de mostrarse como benefactores y benevolentes, pero lo cierto es que actúan como psicópatas al pretender que tienen alguna autoridad por sobre estas actividades tan personales.

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Los gobiernos no pueden tener, lógicamente, la facultad de permitirnos residir en un lugar o recibir un salario: estos son asuntos personales. Esto no obsta, claramente, que, en los hechos, los gobiernos impongan por la fuerza su decisión caprichosa y arbitraria de exigirnos que les pidamos permiso. Lo hacen a través de leyes que son estrictamente aplicadas, al contrario de las leyes que se refieren a los políticos: éstas son laxas y pueden cambiar para favorecerlos cuando sea necesario. Prácticamente no hay un gobierno en el mundo que no imponga estrictas exigencias tanto para entrar cuanto para salir del territorio controlado por él, además de normas relativas a cuánto porcentaje de nuestro salario podemos conservar, lo cual implica, por cierto, informarle a cada gobierno acerca de la cantidad que recibimos cada año. ¿No suena excesivamente íntimo tener que revelar una cifra acerca de la cual ni siquiera nosotros mismos estamos plenamente conscientes?

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes, no obstante, no persigue la libertad para migrar, sino que el gobierno conceda permiso para hacerlo. Según La Tercera,  la Coordinadora declaró que el gobierno debe incoar una reforma que reconozca la migración como un derecho fundamental, que garantice una igualdad real entre nacionales y extranjeros y que otorgue ciudadanía a los extranjeros residentes en Chile. Esta Coordinadora, pues, asume que conseguiremos mayor libertad si el gobierno dicta más leyes y amplía sus facultades para tomar decisiones sobre las personas. O quizá la Coordinadora no cree esto y está utilizando el tema de los migrantes para conseguir una expansión del aparato estatal, como suele hacer la mayoría de las organizaciones no gubernamentales.

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Resulta ominoso, en este sentido, que la marcha organizada por la Coordinadora haya concluido frente al monumento levantado para Salvador Allende y haya incluido una ofrenda floral para este. Conviene recordar aquí que, cuando Allende ocupaba su cargo, la Cámara de Diputados le presentó un acuerdo en cuyas amplias consideraciones se afirmaba que él «ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla». La Coordinadora, pues, le rinde honores a un presidente que obstruyó de manera extraordinaria el derecho fundamental de la migración, que ella reclama tenga carácter constitucional. A este respecto, la Coordinadora manifiesta una ignorancia profunda no solamente de la acción de Allende contra los migrantes, sino de la actual y vigente protección del derecho migratorio en la Constitución: «Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros».

Por lo visto, la marcha de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes persigue el establecimiento de más controles y de menos libertad, aun cuando pretenda convencernos de que sus intenciones son otras.

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