Los políticos de la Nueva Mayoría apuntan frecuentemente sus denuncias sobre los problemas del país hacia la desigualdad económica y proponen, para resolverla, que el Estado intervenga más profundamente las actividades productivas de las personas. De manera similar, los políticos de Chile Vamos apuntan hacia la delincuencia y proponen, para superarla, una mayor intervención del Estado en las actividades tanto productivas cuanto improductivas de las personas. Se echa de ver que hay matices distintivos entre uno y otro conglomerado, pero el espíritu intervencionista habita en ambos. Este intervencionismo, por cierto, no ayuda de ninguna manera a terminar con los problemas que cada pacto político dice estar comprometido con eliminar. De hecho, las soluciones propuestas y aplicadas por ellos perpetúan y empeoran estos problemas.

La desigualdad, por una parte, no es un problema por sí, sino que un problema aparente que se manifiesta únicamente cuando se comparan los ingresos de personas distintas. Fulano gana un millón de dólares al año y Mengano gana cien millones de dólares al año: la desigualdad entre ellos es enorme y debe ser corregida. ¿O no? La verdad, no sé si alguien que gana un millón de dólares al año pueda ser considerado pobre (la tesis de la desigualdad implica que alguien es pobre por el solo hecho de que gana menos que otro). De hecho, la pobreza no podría desaparecer del mundo si la medimos solo como una comparación entre ingresos individuales. Las intervenciones del gobierno para corregir este fenómeno no hacen más que desestimular la producción y perpetuar, en consecuencia, la pobreza. Entonces el problema parte desde el diagnóstico, puesto que está errado: la desigualdad no es un problema. La desigualdad existe, por cierto, pero no pasa de ser un dato. A alguien se le ocurrió que se trata de un estigma social, pero lo cierto es que no es un mal: no es un perjuicio en sí ni la consecuencia de una catástrofe ni tampoco la causa de otra calamidad que advenga después. Es un fenómeno contable y nada más: ¡ni siquiera estadístico!

A este problema ficticio los políticos le buscan salidas y proponen medidas para intervenir la economía: crean impuestos, levantan regulaciones y ofrecen ayudas sociales. Estas intervenciones, por supuesto, impiden la creación de tanta riqueza como la que efectivamente se ha intercambiado, puesto que el Estado descuenta un porcentaje desde cada transacción. Este descuento no solamente ha restado un valor absoluto desde cada intercambio, sino que además genera un desincentivo para llevar a cabo más transacciones, puesto que cada parte involucrada mira este lucro cesante como un factor desestimulante. De manera que el diagnóstico errado (desigualdad) está recibiendo una solución dañina (intervencionismo). Esta solución, por cierto, no tiene resultados garantizados. De hecho, la imposibilidad de controlar todos los factores que interactúan en este fenómeno hace que la desigualdad dependa más del azar que del control estricto de ciertos criterios. Pero hemos visto, en Chile al menos, que una menor intervención de la economía contrajo no solamente más crecimiento y menor pobreza, sino que también una reducción de la desigualdad. Quizá los políticos de la Nueva Mayoría harían bien en prestarles atención a los números y abstenerse de hacer un diagnóstico errado para aplicar, luego, una política que es dañina para la economía y que profundiza, en los hechos, el problema que ellos habían detectado en un principio.

La delincuencia, por otra parte, al menos es un problema real. En cuanto fenómeno, la delincuencia (el fetiche de Chile Vamos) tiene el mismo modus operandi y el mismo efecto que el intervencionismo aplicado para corregir la desigualdad: se trata de un desposeimiento involuntario con amenaza de violencia que produce un extrañamiento de la riqueza y un desincentivo de la producción. En realidad, esta definición solamente se aplica sobre el robo y las estafas. La delincuencia es mucho más amplia y abarca todo aquello que ha sido definido como comportamiento delictual por —adivinen quién— los políticos. Así que, en efecto, puede haber robos legales (como los impuestos) y engaños legales (como señales de tránsito falsas instaladas por las autoridades). Entonces, Chile Vamos utiliza una falsa bandera: dice «delincuencia» para referirse a los robos y estafas, pero utiliza una palabra cuyo margen de acción está definida por los políticos y no por la comunidad de hablantes.

Para solucionar la delincuencia, los políticos de Chile Vamos proponen mayor vigilancia policial, mayores atribuciones para las policías, menos garantías para los imputados, más cárceles y penas más duras. Yo no estoy precisamente de acuerdo con que el Estado proteja al asesino de Julia Ortiz e impida que su familia ejerza una adecuada venganza, pero las proposiciones opuestas no ayudan a mejorar el panorama. La lógica de la solución propuesta por los políticos de Chile Vamos descansa sobre la premisa de que las personas no pueden defenderse a sí mismas y deben ser defendidas por el Estado. En los hechos, esto significa que muy pocos delitos pueden ser evitados y muchos de ellos son consumados con éxito. Esta solución, puesto que implica la indefensión de las personas (que están legalmente impedidas de portar armas y de utilizarlas), perpetúa el problema que pretende combatir: tal como la solución para la desigualdad. El Estado no es omnipresente, pero tampoco queremos que lo sea porque igual nos gusta comprar sopaipillas en el carrito y cruzar la calle con el semáforo en rojo.

La mejor solución para las obsesiones de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos es mayor libertad. Pero no importa cuánta evidencia haya en favor de esta verdad evidente: los políticos siempre justificarán un mayor intervencionismo, puesto que ellos viven del dinero que nos es expoliado a través de impuestos y de multas.

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